Auguran para el Bajo Paraguá el mismo destino que tuvo la reserva forestal Choré

De las tres reservas forestales que tiene Santa Cruz, Bajo Paraguá es la única ‘intacta’. Las de Guarayos y Choré están, literalmente, destrozadas.

Ni el doble candado legal, de reserva y área protegida municipal, ha logrado frenar un desmonte que se acerca a las 150 hectáreas, según reportes de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC). La deforestación siguió avanzando, incluso después de las citaciones a los responsables, de parte de la Autoridad de Fiscalización y control de Bosque y Tierra (ABT), de hace dos meses, y de las que se desconoce el estado en que se encuentran.

“Nos hemos cansado de solicitar a la ABT el estado de las citaciones a los colonos por desmonte ilegal y no les da la gana de responder. Queremos saber qué procesos tienen, así como nos multan a nosotros por traer una leña o hacer algo en las comunidades, porque entonces la ABT sí se desplaza a las comunidades para notificarnos y todavía lo publican, lo sacan en la radio”, dijo Maida Peña, presidenta del Comité de Gestión de Bajo Paraguá.

A pesar de la falta de acción, ella asegura que sí o sí el desalojo se llevará a cabo. “Los vamos a frenar, no vamos a permitir esto, estamos trabajando con el alcalde de San Ignacio, la Gobernación de Santa Cruz y otros, pero la ABT es la única que no hizo algo por sancionar el daño ambiental”, apuntó.

Fuente: Periódico El Deber.

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La superficie quemada en Santa Cruz se cuadriplicó a más de 400.000 hectáreas, a pesar de la prohibición

Son nueve los municipios que registran incendios. El fuego también está dentro de siete áreas protegidas.

El mes pasado no pasaban de ser dos los municipios afectados por el fuego, hoy son nueve. Dos estaban en las áreas protegidas con llamas dentro, hasta ayer se incrementaron a siete. En todo el mes de julio, la Gobernación de Santa Cruz reportó 6.202 focos de quema, y al 22 de agosto ya registraba 4.334, más que en todo el mes de junio, cuando se anotaron 3.700.

El 29 de julio, la secretaria departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Alejandra Sandoval, alertó sobre 52.000 hectáreas quemadas entre enero y julio de este 2021. Hasta ayer, el informe de la Gobernación arrojaba una cifra dramática que se acerca al medio millón de hectáreas: 402.691 ha.

La Autoridad de Fiscalización y Control de Bosque y Tierra (ABT) emitió una resolución que suspendía las autorizaciones de quemas. Estaban prohibidas a partir del 1 de agosto de este año; sin embargo, en este periodo es cuando se multiplicaron, al menos en el departamento cruceño, los focos de quema y las superficies dañadas por el fuego. Solo el 19 de agosto el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif) de la Gobernación informó sobre más de 400 focos de quema, la mayor cantidad en lo que va del mes. Ayer, solo por la mañana, se anotaron 80.

La ABT informó sobre cerca de medio centenar de procesos administrativos y cuatro penales a los autores; sin embargo, las notificaciones no son proporcionales a las quemas, ya que están completamente desautorizadas.

Fuente: Periódico El Deber.

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Denuncian que mientras los bomberos arriesgan sus vidas, los colonos chaquean y toman posesión

«Aprovechan el fuego para avasallarnos, utilizando a los interculturales con un fin político. No les importa la vida ni la naturaleza, solo usan el fuego para incrementar su presencia política en nuestro territorio. A esa gente le prometen mejor vida y tierra si votan por ellos, solo se trata de un plan», denunció María René Álvarez, diputada por Creemos.

Manifestó que luego de contactarse con autoridades indígenas, ha recibido denuncias de que eso está pasando ahora mismo en Roboré, en San Ignacio de Velasco, y que hace un par de días sucedió también en San Miguel, pero los chiquitanos desalojaron a los colonos, que estaban en pleno chaqueo, a pesar de las prohibiciones.

Según la diputada, desde la zona de Campamento, en San Ignacio, le informaron que llegaron camiones llenos de personas a lo que antes era la propiedad Veracruz. Uno de los caciques de Campamento informó que después de una reunión mandaron a una comisión a verificar estas denuncias, y que el INRA entrará a San Ignacio este martes 24 de agosto.

«El Gobierno nacional hace fiesta con nuestra desgracia», lamentaron los cívicos de Roboré, que tras una denuncia sobre asentamiento en el Valle de Tucabaca, se dirigieron al lugar y encontraron un campamento al lado izquierdo del camino Santiago de Chiquitos- Santo Corazón.

Fuente: Periódico El Deber.

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Gobernación pide abrogación de la Ley 741 y la sequía aprieta

Es noviembre y las lluvias no llegan. Mientras siete incendios aún se alimentan de los ventarrones y de los bosques cruceños, para este viernes está prevista una lluvia tímida en varios municipios cruceños; sin embargo, apenas llegará a los 4 centímetros por metro cuadrado. Según informó este jueves la Gobernación, se mantienen los incendios forestales en los municipios de Pailón, Samaipata, Cabezas, Concepción y Urubichá (Guarayos). En todos menos en Urubichá la probabilidad de lluvia es alta y se espera que las 60 personas que trabajan en estos siete focos de incendio puedan esta vez apagar el fuego, ayudados por la lluvia. En lo que va de 2020, se han quemado 2,07 millones de hectáreas, la mitad de 2019. La temporada de incendios comenzó un poco más tarde, en agosto, cuando suele iniciarse en mayo -la pandemia retrasó las prácticas agrícolas-, pero por efectos de la sequía los incendios no se han podido controlar y continúan hasta finales de noviembre, cuando en otros años las lluvias ya han acabado con las quemas. En ese marco, Luis Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, pidió a la Asamblea Legislativa que abrogue la ley 741 que autoriza el desmonte de 20 hectáreas sin más trámite, cuando antes la ley autorizaba a los pequeños agricultores a desmontar un máximo de cinco hectáreas por año. Según Alpire, desde 2015, cuando entró en vigencia la norma, los focos de quema se han triplicado y han pasado de 15.000 a 55.000 en 2019 y 2020. Alpire indica que los dos millones de hectáreas de bosque que ardieron el año pasado han incrementado la tendencia a la sequía en Santa Cruz, retrasando las lluvias hasta noviembre y afectando la calidad de vida de los cruceños. Esto ha provocado que sea casi el doble los municipios que este año han sido afectados por la sequía, pasando de 12 municipios en 2019 a 22 en 2020. La Gobernación, según Alpire, ayuda a los municipios con fardos de forraje (pasto y sorgo), además de tanques y cisternas para transportar agua a centros poblados.

Fuente: Periódico El Deber

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