De las tres reservas forestales que tiene Santa Cruz, Bajo Paraguá es la única ‘intacta’. Las de Guarayos y Choré están, literalmente, destrozadas.

Ni el doble candado legal, de reserva y área protegida municipal, ha logrado frenar un desmonte que se acerca a las 150 hectáreas, según reportes de la Fundación para la Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC). La deforestación siguió avanzando, incluso después de las citaciones a los responsables, de parte de la Autoridad de Fiscalización y control de Bosque y Tierra (ABT), de hace dos meses, y de las que se desconoce el estado en que se encuentran.

“Nos hemos cansado de solicitar a la ABT el estado de las citaciones a los colonos por desmonte ilegal y no les da la gana de responder. Queremos saber qué procesos tienen, así como nos multan a nosotros por traer una leña o hacer algo en las comunidades, porque entonces la ABT sí se desplaza a las comunidades para notificarnos y todavía lo publican, lo sacan en la radio”, dijo Maida Peña, presidenta del Comité de Gestión de Bajo Paraguá.

A pesar de la falta de acción, ella asegura que sí o sí el desalojo se llevará a cabo. “Los vamos a frenar, no vamos a permitir esto, estamos trabajando con el alcalde de San Ignacio, la Gobernación de Santa Cruz y otros, pero la ABT es la única que no hizo algo por sancionar el daño ambiental”, apuntó.

Fuente: Periódico El Deber.

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